Cerco a las empresas que no cotizan por sus trabajadores en verano

Raquel Pascual Cortés

La Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social han reanudado formalmente su colaboración para luchar contra el fraude laboral. Para ello han firmado un convenio de colaboración que presentaron ayer los máximos responsables de ambos organismos y que incluye 7.500 actuaciones extraordinarias este año en empresas para luchar contra tres formas de fraude a la Seguridad Social fundamentalmente. Estas actuaciones, que tendrán un presupuesto de 960.000 euros, se sumarán a las 8.000 ya previstas para los cinco próximos meses.

La primera de estas campañas antifraude pondrá la lupa sobre la práctica empresarial de dar de baja a los trabajadores en la Seguridad Social durante el periodo vacacional y volver a contratarlos después para ahorrarse las cotizaciones del verano. Así la primera campaña se lanzará en septiembre y estará focalizada en el colectivo de profesores y en empresas del sector educativo, cuando se puedan comprobar las altas y las bajas de los meses de julio y agosto. El Tribunal Supremo acaba de fallar en contra de esta práctica en los docentes, extendida también en la construcción, entre otros.

Las otras dos formas de fraudes habituales a la Seguridad Social que combatirán la Inspección y la Tesorería conjuntamente serán las anomalías de las empresas en la declaración de horas extraordinarias y el abuso en la contratación temporal y a tiempo parcial sin justificación del tipo de actividad. Para ello, la Inspección verificará la situación de las empresas con mayores tasas de temporalidad que la media de su sector, entre otras actuaciones.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo comenzó ayer a enviar cartas a las empresas que presuntamente incumplen la normativa en materia de contratación temporal y a tiempo parcial, con el objetivo de que regularicen voluntariamente su situación. Este envío de cartas es una de las medidas incluidas en el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros.

En una segunda fase de este plan se analizarán los datos de las empresas que no hayan regularizado su situación voluntariamente y se iniciarán las actuaciones inspectoras oportunas.