Así se reparte la oferta de empleo público anunciada por el Gobierno

Hacienda convoca 4.282 plazas nuevas para reforzar las plantillas encargadas de la lucha contra el fraude fiscal y laboral, la expedición del DNI y los exámenes de conducir

El Gobierno ha aprobado hoy la oferta de empleo público para la Administración General del Estado para 2017 y 2018, que asciende finalmente a 20.280 plazas. Lo ha hecho a través de dos decretos leyes, uno con la oferta ordinaria, de estabilización (reposición de funcionarios y otros empleados públicos que se jubilan o conversión de personal interino en fijo), que contará con 15.998 plazas, y otro con la oferta extraordinaria, que consta de 4.282 plazas nuevas. Gran parte de las plazas de la oferta extraordinaria, que el Gobierno denomina “De lucha contra el fraude y mejora de los servicios públicos”, serán para la Agencia Tributaria. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha destacado la importancia de la convocatoria, insistiendo en que “no se trata sólo del número de plazas, sino también de la calidad de los puestos de trabajo”, en referencia a que gran parte de la oferta tiene el objetivo de reducir la interinidad en la Administración del 23% actual al 8%.

En su comparecencia, Montoro ha sumado a esta oferta de 20.280 plazas las 7.969 aprobadas en marzo para profesores, militares y policías y guardias civiles, con lo que destaca que la oferta de empleo público para este año asciende a 28.249 plazas. No obstante, cerca de la mitad de los puestos de la oferta extraordinaria son para 2018, aunque Montoro ha precisado que las de 2018 podrían convocarse ya este año, aunque irían “con cargo a la tasa de reposición de dicho año”. La oferta incluye un porcentaje importante de plazas de promoción interna, para que los funcionarios opten a ellas: 5.675 en el caso de la oferta ordinaria y 450 en la extraordinaria. Según fuentes de Hacienda, si las plazas de promoción interna no se cubren, pasan a engrosar la oferta de turno libre, la abierta a todos los ciudadanos que quieran opositar.

Oferta ordinaria

Las 15.998 plazas de la oferta ordinaria tienen por objetivo la reposición, esto es, cubrir jubilaciones y otras bajas en la plantilla pública. La tasa de reposición es del 100% en sectores prioritarios, servicios especialmente sensibles para el funcionamiento del Estado, como la lucha contra el fraude fiscal y laboral, Justicia, fuerzas de seguridad o administración penitenciaria, entre otras. Tres nuevos sectores se añaden este año a la lista de prioritarios: atención al ciudadano en los servicios públicos, prestación directa del servicio del transporte público y Seguridad y Emergencia, por lo que la oferta ordinaria es un 24% superior a la del año pasado. En el resto de sectores, la tasa de reposición queda en el 50%.

Justicia es la administración que se lleva una mayor parte de la oferta ordinaria, con 3.704 plazas (625 de promoción interna). 2.331 plazas tienen como objetivo la “estabilización”, como el ministerio denomina al proceso de reducir la interinidad. El resto de la Administración General del Estado se lleva 11.844 y habrá 450 plazas para funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional.

Oferta extraordinaria

Los 4.282 puestos de la oferta extraordinaria se reparten de la siguiente manera:

Agencia Tributaria: “La Agencia está en una situación límite, a punto de explotar”. Así describía hace unas semanas el presidente de los inspectores de Hacienda, José Luis Groba, el estado del organismo encargado de recaudar los impuestos por la falta de medios y de personal. La queja obtuvo el aval de los sindicatos. Para paliar esta situación, el Gobierno aprueba 2.150 plazas para reforzar la plantilla de la Agencia, la mitad en 2017. Aunque se lleva el mayor bocado de la oferta extraordinaria, la asociación de los Técnicos de Hacienda (GESTHA). “No compensará la pérdida de plantilla que se produjo durante los años de recortes y apenas reforzará la lucha contra el fraude fiscal”, afirmaron ayer en un comunicado. Justo lo contrario afirma Hacienda.

Seguridad Social. Al instituto previsor el Gobierno destina 564 plazas, la mitad este año y la otra en 2018.

Inspección de Trabajo. 320 personas se incorporarán a este organismo, con el objetivo de reforzar la lucha contra los fraudes laborales (contrataciones irregulares, empleo sumergido, infracciones de seguridad, etc).

Servicio Público de Empleo. Con el objetivo de mejorar las prestaciones de un servicio que apenas sirve para encontrar trabajo a los desempleados registrados, el SEPE reforzará su plantilla este año y el que viene. También lo hará el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), encargado de pagar salarios cuando un empresario se declara insolvente o en concurso de acreedores. Entre ambos organismos sumarán 415 nuevos trabajadores, 215 de ellos este año.

DGT. El Gobierno intenta aplacar a los examinadores del carné de conducir con la convocatoria de 505 nuevas plazas este año. Los examinadores están realizando paros todos los lunes desde mediados de junio en protesta por la escasez de plantilla, actualmente de 745 personas, frente a ñas 873 de 2011, y malas condiciones laborales. Fuentes de Hacienda explicaron que, además, se crea una nueva categoría para proporcionar una posibilidad de promoción interna.

DNI. Hoy por hoy, se hace necesaria una espera de meses para obtener una cita previa para la renovación o expedición del DNI o el pasaporte, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, por la saturación de las oficinas. El Gobierno trata de paliar la situación con 150 nuevos empleados este año.

Intervención General de la Administración del Estado. El Gobierno refuerza con 178 efectivos, la mitad este año, la plantilla de técnicos e interventores encargados de controlar la ejecución del gasto público de la Administración General del Estado.